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-La lista de sindicalistas en la mira de la Justicia parece aumentar de manera inquietante tanto para el gremialismo como para el Gobierno-.
La situación del sindicalismo no atraviesa su mejor momento. Tras la detención de Juan Pablo Pata Medina, líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) platense, más el procesamiento de Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, acusado de administración fraudulenta agravada por el supuesto desvío de fondos a una fundación, ahora la lista de sindicalistas en la mira de la Justicia parece aumentar de manera inquietante tanto para el gremialismo como para el Gobierno.
El que ocupa los primeros lugares de esa nómina es Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) de quien la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó operaciones sospechosas por $ 4.000.000 en Suiza y cuyas pruebas fueron presentadas ante el juzgado de Claudio Bonadio. Si bien mantiene una posición dura respecto a Mauricio Macri, tiene una excelente relación con Rodríguez Larreta, que podría hacer que su caso se estire un poco más en el tiempo. Además Santa María es el propietario del diario Página 12 lo que le da una posición de fuerza extra. Hay que señalar que para los gordos de la CGT, Santa María siempre jugó solo y de afuera.
En cambio en el sur de la provincia de Buenos Aires, algunos líderes gremiales tienen mucho miedo de seguir los pasos de Medina, del ferroviario José Pedraza, del bancario Juan José Zanola y del portuario Omar Suárez. Al parecer María Eugenia Vidal quiere limpieza a fondo y puso la lupa en otras seccionales provinciales de la Uocra donde aparentemente también se paraliza la obra pública, amenazan a los intendentes y realizan prácticas extorsivas. Las denuncias del gobierno de Vidal sobre la paralización de la ruta 51 y la 60, está atribuida a maniobras de los responsables de la Uocra Bahía Blanca, José Burgos y Humberto Monteros. Las denuncias son investigadas por el fiscal Gustavo Zorzano, a cargo de la UFI 10 de delitos complejos.
Fabián Gurrado es el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, que aseguró que los empresarios tienen miedo de una posible represalia por parte de la Uocra. El dirigente declaró ante la prensa local que la forma de negociar del sindicato es mediante la «paralización de obras o medidas de fuerza para lograr la firma de algún convenio».
Otros nombres en la mira son los de los jefes de las seccionales de ese sindicato en Lomas de Zamora, Walter Leguizamón, y en Quilmes, Juan Olmedo.
LA PELEA ESTELAR
Todas estas parecen peleas de semifondo de una velada de boxeo que anticipan el combate principal, el estelar, el que todos esperan y al parecer está por iniciarse. Sus protagonistas son Elisa Carrió versus Hugo Moyano. Al recomenzar su campaña para las elecciones de medio término del 22 de octubre, a la candidata de Cambiemos a diputada por la Ciudad de Buenos Aires le preguntaron si estaba satisfecha con la detención del Pata Medina, a lo que respondió: «»Cuando lo vea a Moyano preso, ahí te cuento»».
La declaración de guerra de Carrió produjo cierto malestar en el círculo íntimo del Presidente, que ya debió capear los embates de la chaqueña contra Daniel Angelici, Ricardo Lorenzetti, Alejandra Gils Carbó y el primo de Mauricio, Jorge Macri.
Pero aquí se cruzan los intereses: si bien el jefe del Estado coqueteó cuanto le fue posible con el líder de los Camioneros, en su afán de generar aliados para conseguir gobernabilidad, su compañera de ruta de mayor peso, Lilita, se dedicó a perseguir la corrupción y denunciarla.
Macri usó el enojo de Moyano con Cristina Fernández para sumarlo de su lado, sin embargo el romance parece llegar a su fin.
A la declaración de Lilita se suma otro factor contra Moyano y es el caso de la empresa postal OCA que ahora mismo se hunde económicamente por el enfrentamiento del camionero con los representantes de la empresa.
El vicejefe de gabinete, Mario Quintana, tiene el caliente asunto en sus manos y la decisión del Gobierno es pedir a la Justicia que define la situación y quiénes serán los futuros dueños de OCA. Hay un grupo empresario que la pretende y está Moyano que tiene en la empresa siete mil afiliados a su sindicato y que ha estado haciendo aportes para que estos pudieran cobrar sus sueldos. El gremio quiere quedarse con OCA, es decir, los Moyano quieren la empresa de correo.
Por eso a nadie extrañó que Pablo Moyano meta presión y asumiera un duro ataque contra Macri cada vez que se enteró que Quintana prefiere a los empresarios antes que a los sindicalistas.
Ahora, la causa debe seguir un largo camino legal hasta llegar finalmente a la Corte, que decidirá el tema.
Si el clima de optimismo y los resultados electorales favorecen realmente al Gobierno, los sindicalistas tienen todas las de perder incluso los Moyano y sus pretensiones empresariales.
(Fuente: La Prensa)
