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¿Talle único?: A siete de cada diez argentinos les cuesta encontrar ropa que se adapte a su cuerpo

La Ley Nacional de Talles avanza en el Congreso, mediante un proyecto impulsado por la diputada nacional Victoria Donda y la ONG AnyBody Argentina, al que adhirió la Defensoría del Pueblo bonaerense.

 

Conseguir ropa acorde a cada cuerpo se transforma muchas veces en una odisea para hombres y mujeres en Argentina. Talles “únicos” que responden a estereotipos difíciles de alcanzar colman los comercios del país, por lo que muchísimos clientes deben recurrir a casas con “medidas especiales” y conformarse con una oferta limitada.

 

En la Provincia de Buenos Aires existe desde 2005 la ley 12.665, que obliga a las empresas de indumentaria femenina a fabricar prendas que vayan desde el talle 38 al 48. Según el artículo 2 de la norma, quienes no cumplan con los requisitos deberán abonar una multa y en casos de “incumplimientos reiterados” sufrirán una clausura del comercio de hasta cinco días.

 

Sin embargo, basta sólo con hacer un recorrido corto por los centros comerciales de la región para notar que la normativa no tiene cumplimiento efectivo, dejando a miles de personas sin posibilidad de elección. Y lo mismo se repite en el resto de las provincias.

 

A comienzos de abril, la diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur Victoria Donda junto a representantes de la ONG AnyBody Argentina y Raquel Vivanco de MuMaLá, presentaron en el Congreso un proyecto para la creación de una Ley Nacional de Talles y anunciaron los resultados de la encuesta realizada por la asociación, que refleja la problemática a lo largo de todo el territorio nacional.

 

Desde la ONG centrada en “promover el cambio cultural en torno a la percepción de la apariencia física, la relación con el cuerpo y la alimentación”, manifestaron que la norma “es esencial para eliminar la discriminación de peso institucionalizada que existe dentro de la industria de moda argentina para que todos puedan ejercer su derecho a vestirse en la manera que prefieren”.

 

La Defensoría del Pueblo bonaerense adhirió a la iniciativa y difundió un video para mostrar la problemática. “La Defensoría ha tomado oportuna intervención, al entender que nuestro rol no solamente implica la atención de reclamos puntuales sino la generación de conciencia pública interrelacionándonos con el tercer sector”, manifestó el defensor adjunto, Walter Martello.

 

La encuesta realizada por Anybody a hombres y mujeres de entre 12 y 68 años para relevar la situación revela que el 68,81 por ciento tiene problemas para encontrar ropa de su talle, sobre todo pantalones. Asimismo, el 67.43 por ciento considera que su talle está uno o más talles por encima del “ideal”.

 

“Hoy hay 12 leyes provinciales y algunas municipales, y como todas son distintas, los fabricantes no pueden cumplir con una docena de normas al mismo tiempo. Cuando hablamos de una ley coherente nos referimos a una que aplique siempre, no importa donde vivas”, señaló Haywood, que desde Anybody Argentina desestimula la denuncia a los locales que no ofrecen variedad de talles por considerarla irrelevante.

 

El otro requisito de una normativa nacional es que sea “inclusiva” de todas las personas, porque muchas leyes provinciales hablan sólo de ropa femenina y otras, incluso, sólo de mujeres adolescentes, como la ley de la provincia de Buenos Aires.

 

“La ley de talles debe tener dos elementos: exigir un rango de entre 7 y 8 talles; y normalizar los talles para que un 44 -por ejemplo- tenga las mismas medidas en Buenos Aires, Río Negro o Catamarca”, dijo Haywood, que llevó su reclamo a la plataforma Change.org, donde la solicitud de una norma nacional ya recolectó más de 4 mil firmas.

 

Argentina estuvo cerca de tener una Ley de Talles nacional en 2013, cuando el Senado le dio media sanción al proyecto presentado por la senadora Roxana Latorre.

 

La iniciativa, que perdió estado parlamentario en agosto pasado, buscaba “garantizar la existencia de una serie normalizada de talles correspondientes a las medidas corporales de la población” especificadas a partir del primer “estudio antropométrico” que debía actualizarse cada 10 años.

 

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