Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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El diputado nacional del bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó a mediados de este mes un proyecto en el Congreso para que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio nacional. “Hoy en la Argentina 1 de cada 3 hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse”, manifestó el legislador para explicar la importancia de su proyecto, y acotó: “Por eso resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.
La realidad es que dichos sectores están pagando altos costos por este servicio; por ejemplo, en las estaciones de servicio de YPF ubicadas en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires) la garrafa de 10kg se vende a $720, cuando -con los aumentos autorizados por la Secretaría de Energía desde el 1 de junio- las garrafas de 10 kilos deberían tener un precio de $435,18. Hay 16 millones de argentinos que dependen de este elemento para cocinar o resguardarse del frío.
Rápido de reflejos, el Gobierno recogió el guante y se puso al frente de la iniciativa. En ese sentido, se avanza en la elaboración de un proyecto de ley para declararlas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país. La iniciativa beneficiará a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas por redes y son víctimas de todo tipo de abusos, en especial sectores vulnerables. A igual nivel de consumo, aquellos que utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero que un usuario residencial. El Frente de Todos contaría en este tema con el apoyo de sectores de la oposición, incluso de Juntos por el Cambio, lo que quedó expresado en el debate de la ley para ampliar el alcance de la tarifa reducida de gas a regiones del país que sufren bajas temperaturas.
El gas licuado de petróleo (GLP) envasado, es decir las garrafas, tiene un precio de referencia fijado por el Estado, pero en la práctica se impone la ley del mercado: cada cual cobra lo que quiere, dependiendo muchas veces de los grados de concentración del negocio. Cada distrito es un mundo. El poder de fraccionadoras y distribuidoras se hace sentir en cada caso.
Las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen valores de referencia que determina la Secretaría de Energía de la Nación. La última actualización fue en abril, después de quince meses de congelamiento, desde julio de 2019. Para el envase de 10 kilos, el más utilizado, se determinó un sendero de precios que llegó este mes a 435 pesos, sin contar IVA, Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio.
“Los precios al público son muy distintos en cada ciudad. La garrafa de 10 kilos se está pagando a 600, 800 y hasta 1200 pesos en diferentes puntos del país. El único lugar donde se consigue al precio oficial es en los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras. Pero son pocos en relación a las necesidades de la demanda. En un radar de tres o cuatro municipios por ahí hay un solo lugar. Entonces la gente termina comprando en el comercio del barrio o a los garraferos que hacen la distribución, y los valores son mucho más altos”, explicaron desde diferentes entidades de defensa al consumidor.
Todavía hay cuatro provincias donde el servicio de gas natural es muy limitado: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Sobre una población de 5,3 millones de personas, la distribuidora regional, GasNea, cuenta apenas con 110 mil usuarios entre residenciales, comercios e industrias.
Durante el gobierno de Cambiemos, las gestiones de Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui en el área de energía fueron estrictas en verificar que los inscriptos en el programa Hogar cumplieran con los requisitos exigidos, aunque miraron para otro lado en relación a los abusos de fraccionadoras y distribuidoras. El resultado fue que dieron de baja a 400 mil usuarios del plan y los precios de las garrafas se movieron a su antojo.
“El gas licuado de petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí, por lo que tiene una fuerte regulación. Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance el proyecto para declararlas servicio público. Si antes lo consideraba necesario, en el contexto de pandemia creo que es imprescindible”, remarcó el senador Julio Cobos, en tono de reclamo al Frente de Todos.
(Fuentes: El Parlamentario, y Página/12)
