
La transición en el control de la Ruta 205 no solo marca un cambio de manos en la gestión vial, sino que deja un saldo amargo para nuestra ciudad: 10 vecinos de Lobos han sido cesanteados tras la toma de posesión del consorcio privado Corresur.
El reciente traspaso de la operación —que dejó atrás la gestión de Corredores Viales S.A. desde el pasado 30 de junio— trajo consigo una ola de despidos que golpea a unas 1.000 familias en todo el corredor. Lo que debería haber sido un inicio de ciclo con promesas de modernización y mejoras en la infraestructura, se transformó en una noticia devastadora para los trabajadores lobenses, quienes ahora se encuentran sin sustento ante esta reestructuración del nuevo concesionario.
Pero la incertidumbre no termina en los despidos. La situación abre un frente de preocupación crítica sobre la seguridad vial en nuestra zona. Mientras las rutas vitales para la economía regional cambian de administrador, persiste un vacío peligroso: nuestros Bomberos Voluntarios, pilar fundamental ante cada accidente, llevan dos años esperando que se regularice la deuda de servicios. ¿Quién se hará cargo de los siniestros si el sistema de emergencias local sigue siendo desfinanciado? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio que pone en riesgo directo a cada vecino que transita la 205. La falta de previsión y el desamparo laboral configuran un escenario complejo que exige respuestas urgentes de las autoridades competentes.
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