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ASAMBLEA ABIERTA DE LA MULTISECTORIAL LOBOS EN LA PLAZA 1810 Y LECTURA DE COMUNICADO (VER NOTA)

Esta tarde, en la Plaza 1810, la Multisectorial Lobos realizó una asamblea abierta que tuvo como tema excluyente el rechazo a la Ley Bases que se está debatiendo en el Congreso Nacional. Asimismo, dieron a conocer el siguiente comunicado fundamentando su postura:                                 

La posible sanción de la Ley Bases abarca de manera directa o indirecta casi todos los sectores del quehacer socio económico y jurídico de nuestro país y Lobos no queda exento de su impacto.

Analicemos en conjunto algunos de los sectores más afectados por estas medidas…

En materia ambiental

Existen más de 50 organizaciones ambientalistas que enviaron una carta a los legisladores marcando cuatro objeciones por las que piden votar en contra de la normativa:

  • La reforma administrativa que le permiten al presidente Javier Milei eliminar o modificar las funciones de organismos (puede afectar a Parques Nacionales y Acumar, entre otros)
  • La potestad que otorga sobre los fondos fiduciarios de protección y prevención ambiental (involucra a las leyes de Bosques Nativos y de Manejo del Fuego)
  • El «Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones» (RIGI)
  • Las facultades delegadas y flexibilización de legislaciones para la explotación de hidrocarburos.

En Materia de PyMES y Comercios

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en uno de los puntos más controversiales de la Ley Bases.

El régimen en cuestión RIGI es una flexibilización impositiva, lisa y llana, tanto aduanera como también cambiaria para grandes empresas multinacionales y argentinas que inviertan más de US$ 200 millones en suelo nacional con garantías y estabilidad fiscal durante los próximos 30 años. Por su parte, los afectados por esta delirante imposición, en particular nuestras pymes y comercios locales, observan con justa preocupación los aspectos negativos que generaría la puesta en marcha de este régimen.

Nadie duda respecto que, en Lobos, la principal fuente de empleo proviene del sector PyME y comercios -los números así lo indican-, y requieren desde hace mucho tiempo, simplificar el régimen impositivo, hacerlo acorde a estos tiempos muy difíciles, para generar la esperanza de que Lobos, tiene salida.

Tenemos claro y asumido, que la mayoría quiere trabajar cumpliendo normas legales y el trabajo registrado, pero eso no siempre se cumple, entendemos, debe haber en Lobos una Mesa de Dialogo permanente, para discutir estos y muchos problemas que nos han llevado en estos últimos años a una encerrona que nos cuesta asumir y que, activamente, en este gran encuentro que proponemos como MULTISECTORIAL, intentamos debatir.

Hablamos de acciones concretas que constituyan qué Lobos queremos, con POLITICAS DE ESTADO fruto de un encuentro de todos, políticos, empresarios, comerciantes, instituciones de la sociedad civil, entre otras.

“Nosotros queremos competir local e internacionalmente, pero en un plano de igualdad, de las mismas reglas de juego”.

El RIGI reduce el impuesto a las Ganancias a 25%, suprime el pago de derechos de exportación a partir del tercer año, habilita el cómputo del impuesto a los Débitos y Créditos en compensación por Ganancias, elimina derechos de importación e imposibilita que las provincias y municipios fijen o modifiquen tributos sobre los proyectos de inversión englobado en una promesa de estabilidad fiscal por 30 años.

Asimismo, ofrece a las firmas una libre disponibilidad de divisas del 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero.

En materia de pleitos legales, permite que los inversores diriman sus conflictos internos directamente en Tribunales Internacionales que tradicionalmente fallan en contra de Argentina, a favor del demandante.

LA MULTISECTORIAL expresa que el RIGI «otorga una serie de herramientas que resultan contrarias a los intereses nacionales. El RIGI es la perpetuación del modelo productivo extractivista que nos viene quitando soberanía desde hace 30 años y que de aprobarse profundiza al extremo el saqueo y la destrucción del territorio nacional.

Las compañías que suscriban a la reglamentación recibirían «un tratamiento preferencial y acelerado para la devolución del IVA pagado por las compras de bienes de inversión». También se les garantiza el acceso a divisas y que las exportaciones no estén sujetas a cuotas de exportación.

Con estos beneficios, estas empresas no pagarían impuesto desde el momento en que entre en vigencia el RIGI.

En términos más generales, no queda claro que el régimen atraiga inversiones. En principio, la conclusión es que se está dando tratamiento diferencial sin claros beneficios para la sociedad y con posibles costos en términos de recaudación.

Finalmente, expresamos como MULTISECTORIAL LOBOS que el régimen especial para inversiones de más de US$ 200 millones «genera demasiados incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que no son necesarios».

La entrega dirigida a unos pocos, ni siquiera fue la originalmente requerida por ellos… Es el régimen más generoso de América Latina, la entrega de la soberanía al “círculo rojo del Llao Llao” en un encuentro reciente en Bariloche. Con el RIGI dejamos las decisiones del Estado Soberano en manos del Mercado, ergo de los poderosos que van a seguir decidiendo el destino de los argentinos.

De su análisis se desprende que no hay ningún requisito de integración socio productiva con el entramado que supimos construir.

La Cátedra Abierta Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) subraya en un documento reciente que las inversiones deben cumplir una serie de requisitos para beneficiar al país receptor como la generación de empleo, el impulso de otros sectores productivos, la dinamización de la economía vía mayores ingresos salariales y fiscales y mejoras en la balanza de pagos por el ingreso de divisas y bienes de capital.

Resumiendo… Desde la óptica de los autores del trabajo, el RIGI no satisface las condiciones necesarias y enumera las cinco falencias:

  • Los beneficios impositivos minimizan los ingresos fiscales; de ese modo, se esteriliza una vía esencial para que la explotación de recursos naturales beneficie a la Nación en su conjunto.
  • El permiso para importar insumos sin impuestos significa una competencia desleal para empresas locales; es decir, se desalientan los procesos productivos. Esto llevará a una acentuación de la brecha de productividad entre empresas.
  • Al dar prioridad a las empresas que adhieren al RIGI en el acceso a los recursos naturales — por ejemplo, al agua (en desmedro de la población y de la agricultura) o al gas (en detrimento del consumo interno) —, los proyectos en cuestión pueden afectar gravemente a otras empresas y actividades, así como a gran parte de la población.
  • Al no obligar a liquidar al menos una parte apreciable de los dólares de exportación y al dar todas las facilidades para importar y girar beneficios, el RIGI no contribuirá siquiera a relajar la restricción externa.
  • No se abre la posibilidad de negociar especiales condiciones de trabajo y vivienda para los trabajadores, necesarias en el caso de explotaciones en lugares no habitados previamente

 

En materia laboral

El proyecto flexibiliza el mercado laboral, resta derechos y reduce la protección social de las y los trabajadores, avasallando principios constitucionales de protección del trabajo. Además, le quita importancia al empleo registrado, al habilitar la reducción de costos para el empleador que incumpla con la obligación de registrar, en el mismo momento donde se restituye el “impuesto a la ganancias” de los trabajadores.

Crea una figura novedosa: la del “trabajador independiente”, que puede ser monotributista y tener a su vez contratadas a cinco personas, sin relación de dependencia. Si una empresa subcontrata, dejará de ser considerada empleadora. Con esto se precariza aún más la vida laboral de las y los trabajadores, que quedarán sujetos a una mayor rotación, incertidumbre sobre quién los contrata y dará lugar a supuestos de fraude laboral.

Por otra parte, organizar, discutir y participar en acciones colectivas en los lugares de trabajo podría dar lugar a sanciones, como despidos o descuentos. Si ocurriese un despido discriminatorio por la acción o actividad sindical de las y los trabajadores, el proyecto elimina la obligación de recontratarles, tal como establece la ley federal antidiscriminatoria y la jurisprudencia. En el mejor de los casos, tendrán derecho a una indemnización agravada. La protección contra los despidos discriminatorios por acción y/o actividad sindical está pensada como una herramienta en contra de prácticas de grandes empresas.

La supuesta promoción del empleo registrado para el sector privado implica múltiples beneficios para los empleadores a la hora de regularizar relaciones laborales. Habilitaría descartar acciones penales, multas, sanciones, altas en registro de empleadores con sanciones laborales, condonación de deudas por falta de pago de aportes y pueden incluir deudas reclamadas administrativa o judicialmente si el empleador se allana -un trabajador podría dejar de percibir dinero como parte de un reclamo judicial por falta o incompleta registración-.

Las condonaciones de multas pueden alcanzar hasta el 70% y podrá haber incentivos para la cancelación de contado y beneficios para pymes.

En sintonía con la baja de la moratoria, las y los trabajadores regularizados sólo podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes (calculados sobre el salario mínimo vital y móvil) para alcanzar los años de servicio requeridos para acceder a prestaciones sociales.

Estrictamente hablando, no es una política de promoción del empleo registrado porque aplicaría a relaciones laborales ya existentes, no a relaciones laborales a generarse en el futuro. Precisamente por esto, no promueve el empleo registrado, sino que bonifica a los empleadores que infringen la normativa vigente.

La norma en discusión considerará que quien trabaja es empleado directo de quien registre la relación, no de quien se aprovecha de la mano de obra o trabajo. Esto profundizará la tercerización laboral de todo el proceso productivo, con la consiguiente liberación de responsabilidades en materia laboral de las empresas que deciden organizarse de esa manera. La norma establece que en esta modalidad las empresas no tienen obligaciones de registración ni pueden ser consideradas empleadoras, sólo responde de manera solidaria por el pago de los salarios devengados, en ocasión de realizar la actividad en su beneficio.

Además, para el proyecto que el Senado debe analizar, da lo mismo que la o el trabajador esté o no registrado, puesto que la propuesta de extinguir la acción penal, condonar deuda y dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales para promover el empleo hace que las indemnizaciones agravadas no tengan lugar, salvo la que hemos mencionado en casos de despido discriminatorio. En este sentido, por ejemplo, el proyecto propone eliminar la doble indemnización para las empleadas de casas particulares no registradas y la doble indemnización por despido de la mujer embarazada.

Jubilados

            Los jubilados vienen sufriendo la terrible pérdida del poder adquisitivo debido a la devaluación de este gobierno; pero si se aprueba la ley Bases la situación será peor, ¿Por qué? Porque con dicha ley el presidente asumiría la suma del poder público y haría lo que ya dijo:

  • Esta ley amplía el período de prueba en su reforma laboral. En este período el empleador tiene obligación de abonar la obra social para sus empleados, pero no los aportes previsionales, por lo que las arcas de los jubilados y pensionados se verían disminuidas.
  • También, quita la multa a los empleadores por no tener sus empleados registrados, por lo que fomenta el trabajo ilegal y tiene el mismo efecto que lo expresado anteriormente. Recordemos entonces que está haciendo lo contrario de lo dicho en campaña: todo dentro de la ley.
  • Por otra parte, expresó pasar nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional, o sea, para usarlo para cualquier cosa, menos para lo que estaba destinado y legislado. Ese fondo, hoy garantiza la continuidad de los pagos de jubilados y pensionados. Eso –además- abriría el camino para la reinstalación de las AFJP, cosa que ya se vivió y se sufrió pues las personas que han quedado atrapadas en ellas y se jubilaron cobran muchísimo menos que una jubilación mínima.
  • Han surgido rumores desde el propio gobierno de querer darle los remedios en forma gratuita únicamente a los afiliados de PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Ante la movilización de la multisectorial coordinadora de jubilados, negaron dicha modificación y limitaron esa entrega hasta noviembre de este año.

MULTISECTORIAL LOBOS

 

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