Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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-Miembros de la División Unidad Operativa Federal 25 de mayo de la Policía Federal Argentina, decomisaron ayer 1.070 toneladas de granos que carecían de la documentación respaldatoria exigida por las normativas vigentes en el país.-
El enorme decomiso se produjo en localidad de Saladillo, cuando los trabajadores de la PFA llevaron a cabo un operativo de inspección junto con personal de la Dirección General Impositiva de la AFIP en una planta de silos ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 63, paraje La Campana.
Allí el objetivo de las y los funcionarios era constatar la documentación de la mercadería alojada en los silos, así como la de los ocho camiones alojados en la playa de estacionamiento de la empresa. En efecto, tanto las y los oficiales como las y los funcionarios de la DGI-AFIP confirmaron que los granos acopiados en el lugar carecían de la documentación necesaria, tanto para siete de los ocho camiones (entre ellos tenían 246.520 kilogramos de maíz), así como para los 824.000 kilogramos de granos alojadas en los silos.
Como parte de la estrategia de coordinación y articulación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir del año pasado se incrementaron los operativos conjuntos de inspección y constatación documentológica en relación con el acopio, circulación y contrabando de granos.
Este abordaje posibilitó neutralizar acciones delictivas y/o irregulares en materia de comercialización ilegal de granos, política que dio lugar a una enorme cantidad de procedimientos conjuntos mediante los cuales se detectaron flagrantes irregularidades que hasta hace dos años el Estado había dejado de controlar.
La ministra Frederic ha explicado la importancia que tienen este tipo de operativos de las fuerzas federales, en este caso de la PFA, puesto que, además de ser una obligación del Estado, la permisividad ante estas irregularidades daña afecta la reacaudación impositiva, evade cargas impositivas y declaraciones de ganancias, así como impide establecer la trazabilidad de los granos que, carentes de control y registro alguno, pueden afectar la salud y la alimentación de la población.
Por disposición del magistrado actuante, se incautaron a siete de los ocho rodados y las 1.000 toneladas de maíz ya mencionadas.
