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De manera inesperada y generando un profundo malestar entre vecinos y familiares de víctimas, el municipio bonaerense de Navarro habría designado en el área de Seguridad Vial, Monitoreo y Tránsito a Javier Odera, quien fue condenado en 2022 por un triple homicidio ocurrido durante un siniestro vial en 2014.
La denuncia fue realizada por Gabriela Casco, madre de Ramiro Pizzolato, uno de los tres jóvenes que murieron aquella madrugada del 22 de noviembre de 2014, junto a Pedro Odera y Oscar Salas. La mujer aseguró públicamente que la designación del condenado en un área tan sensible constituye un “nuevo golpe” para las familias de las víctimas.
“El municipio de Navarro y Odera volvieron a matar a mi hijo”, expresó con dolor Gabriela, tras enterarse de la presunta incorporación de Odera a la estructura municipal que lidera el intendente Facundo Diz. A pesar de que la sentencia judicial estableció tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación para conducir, la familia sostiene que Odera no sólo continúa manejando, sino que lo hace con total impunidad y ahora en funciones públicas.
La polémica se agravó al conocerse que la supuesta designación se realizó sin anuncio oficial ni comunicación institucional, lo que generó aún más indignación. “Parece que vivimos en el mundo del revés”, expresó la madre de Ramiro, quien presentó notas formales tanto en el municipio como en el Concejo Deliberante de Navarro, sin obtener hasta el momento ninguna respuesta.
La familia Pizzolato y la Asociación Madres del Dolor alertaron sobre la gravedad institucional del caso y aseguraron que este tipo de decisiones transmiten un mensaje peligroso a la sociedad: que las leyes pueden ser ignoradas y que una tragedia vial puede no tener consecuencias reales.
El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2014 en la ruta 41, en una zona entre Mercedes y Navarro. Ramiro, de 20 años, viajaba como acompañante en una camioneta junto a otros tres jóvenes cuando impactaron de frente contra un camión. Tres de ellos murieron: Ramiro, otro joven de 20 años y uno de 19. El conductor de la camioneta, Javier Odera, fue el único sobreviviente.
Según denuncian, la inhabilitación para conducir que rige hasta abril de 2030 es sistemáticamente violada por Odera, que circula libremente por las calles del municipio. A pesar de que esta situación está bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Nº 1, no se habrían adoptado medidas concretas frente al incumplimiento de la sentencia.
La situación generó repudio en varios sectores sociales y civiles de Navarro, que consideran inadmisible que alguien con antecedentes tan graves esté al frente de un área clave en la prevención de accidentes de tránsito. “La Secretaría de Seguridad debería ser ejemplo de respeto a la ley, no un refugio para quienes la violaron”, expresó un allegado a la familia de las víctimas.
En su testimonio, Gabriela insistió en que no busca venganza contra Odera, sino justicia por su hijo. “Ocho años pedí por una condena que apenas se cumplió en los papeles, pero esto es otra cosa: esto es institucionalizar la impunidad”, afirmó, al tiempo que señaló que “la comunidad de Navarro no merece estos atropellos”.
(Infozona)
