Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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Desde hace varios años, venimos observando un fenómeno que es (en parte) consecuencia de la falta de programas de viviendas en nuestra ciudad: Cada vez más vecinos piden con urgencia en las redes sociales o por otros medios, una casa para alquilar. De más está decir que nadie publicaría algo así porque se le antoja, sino que se trata de una necesidad palpable y real. Según estimaciones, el alquiler de una vivienda sencilla ronda los $ 40.000. Por lo tanto, una persona o una pareja que tenga un trabajo estable y que a fin de mes cobre $80.000 o un poco más, verá como la mitad de su sueldo se le “evapora” en la locación del inmueble. Sin contar, por supuesto, con el pago de tasas municipales, impuestos provinciales, y servicios esenciales como luz, agua y gas.
La Ley de Alquileres (sancionada en 2020), ciertamente no contribuyó a mejorar este panorama. El propietario lo ve como una complicación, y prefiere no alquilar esa vivienda que tenga disponible. Además, lo que comienza pagando el inquilino al firmar el contrario, se incrementa año tras año en función a dos coeficientes que establece la misma Ley. Según el sitio “Chequeado”, dentro del rubro coinciden en afirmar que la ley produjo una retracción de la oferta y un anticipo de mayores costos por parte de los propietarios. Esta semana se comienzan a debatir en la Cámara de Diputados posibles cambios a la norma (Ley 27.551, vigente desde el 30 de junio de 2020).
Antes de junio de 2020, para ser concretos, no estaba establecida la manera de actualizar el monto del alquiler. Y en cuanto a la auctulización de los costos para el inquilino, la ley introdujo una novedad: “Los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”, que es un índice salarial.
Con respecto al contrato de locación en sí, puede ser rescindido anticipadamente por el inquilino cuando la notificación al propietario “se realiza con una anticipación de tres (3) meses o más, transcurridos al menos seis (6) meses de contrato”, en cuyo caso “no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto”. La ley sostiene además que si pasaron 6 meses de contrato, el inquilino debe “notificar en forma fehaciente su decisión” al propietario “con al menos un mes de anticipación”.
Este verdadero engendro llevó a que la Cámara de Diputados impulsara una derogación o modificación de la normativa, pero hasta ahora los diferentes bloques presentaron sus propios dictámenes y no se llegó a un acuerdo. Mientras tanto, se espera una suba anual superior al 60 %, y no nos detendremos aquí a explicar la fórmula para calcular el nuevo monto a pagar, porque es sumamente engorrosa. Si se hubieran propuesto alevosamente complicarle las cosas a la gente, no les habría salido mejor.
Mientras tanto, en la medida en que no haya políticas públicas desde el propio Estado Municipal (en este caso) que permitan el acceso a una vivienda propia con una financiación que no sea exorbitante o imposible de pagar, el escenario que estamos describiendo seguirá siendo igual, o se agudizará. El pronóstico de los martilleros de Lobos y de la zona es similar: Quien no es propietario, no tiene otra opción que pretender alquilar para no quedar en la calle, y esta Ley pergeñada por los mismos Diputados que ahora buscan derogarla, no hace más que desalentar la oferta y la especulación. Para finalizar, dado que no se llegó a un consenso y al parecer los legisladores tienen otras prioridades, recién sería posible que se trate nuevamente en el Congreso el año próximo. La inflación descontrolada, es cierto, tampoco contribuye a facilitar las cosas, y no hay señales de que eso vaya a cambiar, al menos, hasta que asuma el próximo gobierno en la Casa Rosada, sea del partido que sea.
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