Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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-Las personas que alquilen inmuebles en el territorio de la provincia de Buenos Aires para habitarlos ya no deberán pagar comisiones, ni afrontar gastos de honorarios o gestoría. Y las inmobiliarias que así lo hagan recibirán abultadas multas-.
Así lo dispone un proyecto de ley que ingresó ayer a la Cámara de Diputados de la Provincia con la firma del presidente del cuerpo Manuel Mosca y de otros diputados del oficialismo. La propuesta cuenta con el aval de la Gobernación y encuentra eco en muchos de los bloques opositores, por lo que se estima que será sancionada sin mayores inconvenientes antes de fin de año.
Se trata de un debate que ya se había instalado en la Legislatura a través de distintos proyectos impulsados por la oposición. En las últimas semanas, cobró fuerza a partir de la decisión política de Cambiemos de avanzar con una reforma que implica un guiño hacia los sectores medios urbanos.
En Buenos Aires se estima que hay 7 millones de personas que viven en hogares alquilados. Año a año, además, aumenta el porcentaje de viviendas en esta condición. En Bahía Blanca, según relevamientos de agrupaciones de inquilinos, son cerca del 25 por ciento del total; en La Plata, en torno al 18 por ciento, y en el Gran Buenos Aires, el 11 por ciento.
Y las condiciones para alquilar o renovar un c ontrato son cada vez más difíciles de alcanzar. De acuerdo a un trabajo de la Asociación Platenses de Inquilinos, para entrar a un departamento o casa con un alquiler que ronde los 8 mil pesos mensuales se requiere tener en mano unos 40 mil pesos para cubrir el mes adelantado, el depósito, los honorarios, el informe de garantía, los informes personales, el sellado y la certificación de firma.
Por eso, luego del precio de los alquileres, los requisitos económicos para ingresar a una vivienda o renovar un contrato están en el tope del ránking de reclamos de los inquilinos.
En ese marco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzaron el año pasado con una reforma que implicó que los inquilinos dejen de afrontar estos gastos. Los cambios vinieron acompañados por advertencias que aseguraban que las inmobiliarias terminarían trasladando esos costos al alquiler. Pero al cabo de un año, el valor de los alquileres en CABA aumentó en porcentajes similares a los de otros puntos del país.
PROYECTO DE LEY
El tema se instaló con fuerza en las últimas semanas en la Legislatura, luego de que trascendiera que la gobernadora María Eugenia Vidal había dado el visto bueno para que se avance en una reforma que quite peso de los hombros de los inquilinos a la hora de firmar o renovar un contrato de alquiler.
La propuesta finalmente fue ingresada ayer en la Cámara baja con la firma de Manuel Mosca, Carolina Píparo y Maricel Etchecoin Moro (Cambiemos) y apunta a resolver el déficit habitacional en la Provincia. Básicamente, estipula que en las locaciones de inmuebles no podrán cobrarse comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje. La prohibición se extiende a los honorarios por administración de dichas locaciones. Tampoco podrá requerirse a los inquilinos los costos de gestoría de informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones.
Esas condiciones sólo correrán para los casos en el que el locatario sea una persona humana y no regirán cuando quien alquila sea una institución o una empresa comercial, y cuando el fin del alquiler sea otro que el de habitar en el inmueble.
Asimismo, el proyecto de Mosca también contempla una protección de los derechos de los locadores o propietarios, ya que dispone que los corredores inmobiliarios tedrán prohibido cobrar comisiones superiores al cuatro por ciento (4 %) del monto total del contrato.
“La inobservancia a estas prohibiciones (cobrarle algo al inquilino o cobrarle de más al propietario) hará pasible al intermediario, la primera vez, de una multa quivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto total del contrato y en lo sucesivo ascenderá al doble de la multa inmediatamente anterior que haya abonado el infractor”, agrega la iniciativa.
En la Cámara de Diputados ya se discuten otros proyectos que, con matices, apuntan a aligerar las cargas que deben afrontar los inquilinos.
En ese marco, hay una iniciativa que lleva la firma de los diputados Rocío Giaccone y José Ottavis (Peronismo Kirchnerista) y que ya fue ingresada a la comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales, que preside Ricardo Lissalde (Frente Renovador).
Ese proyecto dispone que los gastos originados en el contrato confeccionado por un martillero matriculado, como trámites de libres deudas, inhibiciones o garantías, deberán ser afrontados por el propietario.
(Fuente: diario El Día)
