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El martes, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, prometió en un reportaje periodístico que venderá el 3 % de las acciones que aún le quedan de la firma Farmacity. Dos días después, el procurador interino, Eduardo Casal, urdió un dictamen no vinculante donde sostiene que uno de los artículos de la Ley de Farmacias vigente en territorio bonaerense desde 1987 es «inconstitucional» abriendo una nueva puerta al tan resistido desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires.
El tema no es nuevo, pero esta resolución viene a contradecir los fallos de toda la escala de instancias judiciales provincial, que incluye a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Por esa razón, la instancia final donde deberá definirse el caso es el máximo tribunal nacional, donde el expediente, aterrizó a mediados del año pasado, generando la excusación de los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por sus supuestos vínculos con la empresa.
Demás está decir que de concretarse la habilitación, la compañía podría instalar un considerable número de locales que multiplicarán exponencialmente el valor de la compañía. «El plan es expandirla, ponerla en valor y luego venderla en los Estados Unidos, donde este tipo de cadenas son las principales bocas de consumo de múltiples productos, además de los medicamentos», sostuvo una fuente del mercado farmacéutico consultada por Ámbito Financiero.
EL CONFLICTO CON LAS FARMACIAS DE LA PROVINCIA
El conflicto comenzó en 2010, cuando Farmacity quiso instalar un local en Pilar, habilitación que fue negada por el Ministerio de Salud bonaerense. La legislación provincial no permite la explotación de farmacias por parte de sociedades comerciales o fondos de inversión, al considerar que las farmacias cumplen un rol de servicio público y solo pueden estar en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) acusó a Quintana de «forzar» a la Justicia para que «propicie una ley a medida de Farmacity». En 2012 arrancó la disputa en los tribunales bonaerenses, que rechazaron los sucesivos reclamos de la compañía por considerar que incumplen la ley vigente.
Cuando el martes Quintana anunció que venderá sus acciones para «evitar un eventual conflicto de interés», los sectores ligados a la actividad farmacéutica imaginaron que la contraofensiva se estaba preparando. Y llegó claramente con el dictamen que ayer firmó el procurador y que generó muchas reacciones en contrario (además de las previsibles ligadas a las organizaciones que nuclean a los farmacéuticos. Por ejemplo, el exministro de Salud de la nación, Daniel Gollán, expresó que con el fallo de la Procuración «el escandaloso negociado de Quintana sigue avanzando» y remarcó que «las acciones que va a vender, cotizarán mucho más». El exfuncionario kirchnerista apuntó desde su cuenta de Twitter al vicejefe de Gabinete, señalado por el Colegio de Farmacéuticos bonaerense como el responsable de hacer lobby para que la Justicia se expida a favor de la empresa.
«Con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías al territorio bonaerense, permitiéndole al amigo del presidente Mauricio Macri y actual vicejefe de Gabinete expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país», denunciaron desde Unidad Ciudadana. Incluso desde el Frente Renovador presentaron objeciones. «Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. Pedimos además a legisladores provinciales de todos los bloques que defiendan la actividad farmacéutica de los negocios de unos pocos», demandó el legislador massista Lisandro Bonelli.
Quintana es hoy accionista minoritario, con un 3% de participación en Farmacity, que fue declarado ante la Oficina Anticorrupción. El funcionario informó en 2016 una participación en la empresa valuada en $1 millón, según su declaración jurada. En la empresa agregaron que Quintana no tiene ninguna injerencia en las decisiones.
Hasta ayer, el caso no aparecía como uno de los temas «prioritarios» para el Tribunal que preside Ricardo Lorenzetti. Pero el dictamen del procurador interino le imprime una dinámica que podría reinstalarlo en la agenda de la Corte Suprema.
(Fuente: Ambito Financiero)
