Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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Las cifras oficiales corresponden a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Con 5 decretos, Macri puso en venta 99 propiedades estatales, en el país y en el exterior.Tres de ellos correspondían a las Fuerzas Armadas, en las que hay preocupación por la desinversión. El Gobierno descubrió con un inventario que más de 50 mil inmuebles no estaban registrados como tales. Algunas ventas están trabadas en la Justicia.
Desde que comenzó su gestión, el Gobierno ya vendió 25 inmuebles -3 del ámbito militar- por los que recaudó más de 364 millones de dólares. Luego de la desaparición del ARA San Juan se puso de manifiesto nuevamente el proceso de desinversión de las Fuerzas Armadas donde la venta de terrenos militares -que comenzó el kirchnerismo y continuó el macrismo al compás del remate de otros bienes del estado nacional- es uno los emergentes de este fenómeno para analistas en temas castrenses.
El organismo encargado de la selección y subasta de los terrenos es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Allí explicaron que buscan una utilización eficiente y transparente del patrimonio público, que sobre el total del dinero recaudado el 70% va al organismo de origen y el 30% ingresa al tesoro nacional, y que esos recursos muchas veces se utilizan para financiar obras de infraestructura como el Paseo del Bajo o el Viaducto del Ferrocarril San Martín que enlazará Palermo con Paternal.
En la ex ONABE, además, aducen que intentan poner en valor inmuebles que se encuentran subutilizados, en estado de abandono, mal concesionados o con riesgo de intrusión.
Con un nuevo inventario, el organismo, que depende de Jefatura de Gabinete, amplió las tenencias del estado en el país y en el exterior: en diciembre de 2015 había solo 19.600 inmuebles registrados y hoy se contabilizan más de 70.000.
Hasta el momento los bienes subastados en oferta pública representan una mínima parte sobre el total inventariado. Se han firmado 5 decretos presidenciales que autorizan la comercialización de 99 inmuebles de los cuales se vendieron 25. Según detalló la AABE, el estado recaudó por estas operaciones 364.094.460,38 dólares y, por el remate de dos playas ferroviarias en Palermo, otros 8 millones y medio de dólares. Entre otras propiedades, se puso a la venta también la residencia del Embajador Argentino en EE. UU., un palacete ubicado en una de las zonas más cotizadas de Washington, pero el inmueble se encuentra muy abandonado. El último embajador que habitó la propiedad fue Héctor Timerman en 2010 y a partir de allí, por problemas estructurales y de amoníaco tóxico en las paredes, nadie la habitó y comenzó un acelerado deterioro. Desde entonces, los otros diplomáticos alquilaron casas o departamentos, cuyo costo paga la Cancillería.
De acuerdo a lo informado oficialmente, entre fines de 2017 y comienzos de este año, ya se subastó un predio del Ejército en el barrio de Núñez: “Campo Salles 1565: Comprador: RAGHSA S.A (Subasta Pública N° 2/2017)” por 42 millones de dólares; allí se prevé construir una torre.
Otro de los remates más polémicos, por el precio final, fue el de “La Sastrería” del Ejército en Palermo: ubicado en “Clay Nº 3071: Subasta Pública 13/2017. Comprador: Kilómetros S.A” que se vendió por 33 millones de dólares.
En noviembre se subastaron por 80 millones de dólares predios rurales del Ejército en Córdoba: “Campo Ordoñez Lotes 45: Subasta Pública 39/2017 y Subasta Pública 40/2017”, se detalló y los lotes fueron adquiridos por productores rurales locales.
Entre los compradores figuran empresas que enseguida vieron una buena oportunidad para acceder a terrenos bien ubicados, como RAGHSA, del creador de las Torres Le Parc, Moisés Khafif. O Consultatio, de Eduardo Costantini, el creador de Nordelta.
Hay otras subastas de terrenos militares que están suspendidas. La justicia federal frenó la venta de los lotes del Ejército en Campo Los Andes, en la localidad mendocina de Tunuyán, conocidos como “La remonta”, hasta que no se resuelva el amparo presentado por 20 vecinos de la zona que se oponen a entregar esa tierra a manos privadas por temor a que se dificulte el acceso al agua.
(Fuentes: Border Periodismo, La Nación)
