Lobos 24 Un nuevo concepto en información
Noticias Relacionadas
La creciente conflictividad alrededor de las motos con escapes modificados, los ruidos molestos y las maniobras peligrosas volvió a instalarse con fuerza en Lobos. Mientras los vecinos reclaman respuestas y los controles continúan, desde el Municipio advierten que la estructura actual resulta insuficiente para enfrentar una problemática que, aseguran, ya derivó en episodios de violencia contra los agentes encargados de fiscalizar.
En una entrevista con LOBOS 24, el secretario de Seguridad, Julio Rustom; la asesora legal, Dra. Mailén Marti; y el jefe de Tránsito, José Linari, explicaron los alcances del proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo en abril y que aún permanece sin aprobación. La iniciativa pretende sumar herramientas específicas frente a situaciones que, según describieron, exceden las posibilidades de los controles tradicionales.
El dato que encendió la alarma está relacionado con la violencia durante los procedimientos. Rustom mencionó tres inspectores lesionados, con fracturas de clavícula y tabique nasal y un episodio en el que casi se produjo la pérdida de un ojo. También señaló daños en vehículos oficiales y sostuvo que algunos agentes fueron perseguidos hasta sus domicilios y amenazados.
UNA RESPUESTA QUE BUSCA IR MÁS ALLÁ DEL OPERATIVO
El problema, según explicaron, es que los operativos convencionales son fácilmente evitados. Los vehículos con escapes modificados o aquellos que realizan maniobras peligrosas pueden esquivar los controles cuando detectan la presencia de inspectores. Desde Tránsito señalaron además que existen grupos que se avisan entre sí dónde están ubicados los operativos, dificultando todavía más la tarea.
Por eso, el proyecto apunta a incorporar una herramienta que permita actuar incluso cuando el vehículo ya no se encuentra circulando. La propuesta contempla que, ante determinadas contravenciones, pueda secuestrarse el motovehículo que se encuentre estacionado y que, frente a situaciones graves y con intervención judicial, pueda solicitarse un allanamiento para retirarlo del domicilio.
La medida no implica que el Municipio pueda ingresar directamente a una vivienda. Marti aclaró que el allanamiento requiere una orden judicial fundamentada y que previamente deberán reunirse elementos de prueba: actas, testimonios, registros de cámaras, fotografías o filmaciones realizadas durante los procedimientos.
SEIS POLICÍAS CAPACITADOS PARA LAS MOTOS
A la espera de la nueva normativa, también se reforzó el esquema operativo. Seis efectivos policiales de Lobos finalizaron una capacitación específica para realizar controles vinculados con motovehículos y comenzarán a trabajar durante octubre, en la medida en que sus restantes obligaciones lo permitan.
La medida intenta compensar, al menos parcialmente, la pérdida del apoyo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), cuyos efectivos dejaron de ser enviados a Lobos por una decisión ministerial.
Rustom también puso sobre la mesa otra dificultad: la Policía debe atender múltiples funciones, entre ellas tareas vinculadas con causas judiciales y la custodia de detenidos, por lo que el personal disponible para los controles de tránsito resulta limitado.
MULTAS, PRUEBAS Y UNA MEDIDA DE ÚLTIMA INSTANCIA
La ordenanza propone un esquema que combina sanciones económicas con medidas operativas y judiciales para los casos reiterados. El objetivo, según explicaron, es generar antecedentes y aportar a la Justicia los elementos necesarios para avanzar cuando las infracciones persisten.
El proyecto incorpora un esquema progresivo de intervención. Ante una infracción, contempla sanciones económicas y, frente a situaciones reiteradas, permite generar antecedentes y solicitar medidas extraordinarias. Uno de los puntos centrales es la posibilidad de secuestrar un vehículo vinculado con una contravención aun cuando se encuentre estacionado, mientras que en casos considerados graves se prevé solicitar un allanamiento para retirarlo del domicilio.
Desde el área legal aclararon que el Municipio no puede disponer por sí mismo un allanamiento. Para llegar a esa instancia deben reunirse pruebas —actas, testimonios, fotografías o registros de las cámaras de monitoreo— y elevarlas a la Justicia competente, que deberá autorizar la medida mediante una orden judicial fundamentada.
Marti explicó que el proyecto tomó como referencia las normativas implementadas en otros municipios bonaerenses, entre ellos Monte, 25 de Mayo y San Nicolás. La intención es establecer un complemento local a las leyes existentes frente a una situación que, según remarcaron, presenta características particulares en Lobos.
La iniciativa también contempla la participación de los vecinos mediante denuncias y la incorporación de registros fílmicos como elementos que puedan contribuir a documentar las infracciones.
EDUCACIÓN VIAL: LA OTRA PARTE DE LA ESTRATEGIA
El Municipio también intenta abordar el problema desde la prevención. Desde hace aproximadamente cuatro meses se realizan charlas en escuelas secundarias con participación de personal de Tránsito, Policía, SAME, profesionales médicos y trabajadores del Hospital.
En esos encuentros se explican las consecuencias de conducir de manera riesgosa, no utilizar casco o incumplir las normas de tránsito. También se muestran testimonios y material audiovisual relacionado con siniestros viales y sus consecuencias sobre las víctimas, sus familias, el sistema sanitario y la vida cotidiana.
El reclamo de fondo del Ejecutivo es concreto: los controles existen, pero aseguran que ya no resultan suficientes frente a una modalidad de infracción que muchas veces deriva en evasiones, persecuciones y violencia.
El proyecto fue presentado en abril. Ahora la discusión queda en manos del Concejo Deliberante: Mientras el Municipio sostiene que necesita una herramienta más para enfrentar el problema de las motos y los escapes, la ordenanza todavía espera su tratamiento.
