De acuerdo a los datos que pudo reconstruir el portal InfoCañuelas, un efectivo que pertenece a otra localidad conversa con dos altos funcionarios del Destacamento Los Pozos para realizar vigilancia nocturna en un country de la zona de La Garza Mora. El policía grabó toda esa conversación con un teléfono móvil oculto entre sus ropas. Hasta el momento se desconoce si lo hizo por propia iniciativa o a pedido de algún superior de la fuerza.
En la primera parte del audio le dicen al recién llegado que debe dejar en el Destacamento uno de los adicionales que cobre por mes. Como dato ilustrativo, cada efectivo percibe unos 3.400 pesos por guardia de 12 horas y en el curso de un mes son al menos 40 los efectivos que monitorean ese barrio privado. Si se multiplican esos $ 3.400 por la cantidad de efectivos, la cifra es más que abultada. Y si esto se proyecta a todos los countries y empresas de Cañuelas que tienen algún servicio adicional, el monto es astronómico.
En la continuidad del audio grabado ese día en otra oficina de Los Pozos, el mismo policía conversa con otro superior que le pide una segunda contribución de entre 500 y mil pesos para caja chica. El que habla critica al jefe anterior (Brunetti) diciendo que le dejó el Destacamento hecho un desastre y que los policías deben colaborar para mantenerlo a flote, aportando dinero con destino al “alquiler” de una computadora y compra de insumos.
Tras la publicación de esos audios en este portal hubo una serie de llamados entre el titular de la Policía Comunal de Cañuelas, comisario Inspector Marcelo Silveyra (oriundo de Lobos), y la fiscal Norma Pippo.
Pippo inició de oficio una causa que provisoriamente está caratulada como “Exacciones ilegales”, delito que se produce cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución o una dádiva.
Se espera que en los próximos días la fiscal tome algunas declaraciones testimoniales antes de elevar la causa a la Fiscalía General de La Plata. El reglamento que rige el funcionamiento de las fiscalías locales indica que las mismas deberán declararse incompetente y elevar las actuaciones al órgano superior cuando se investigan presuntos delitos cometidos por personal policial.
Silveyra, por su parte, se comunicó con la funcionaria de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad, Dra. Rosario Barberis, quien tras escuchar un sucinto relato de lo publicado, dispuso el inicio de actuaciones administrativas por presunta infracción al Decreto 1050/09 / Ley 13.982 (reglamento de funcionamiento de la Policía de la Provincia).