El ajuste duele como una puñalada trapera. Y resulta interminable. Más aún si se lo compara con las profecías de un Gobierno que en campaña alumbró con promesas de cambio las esperanzas de un pueblo herido.
Traicionando otra vez el fuego sagrado del voto, ayer el presidente Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18 que, bajo el eufemismo de “control de gastos” del Estado, desde el primer día de 2019 dejará en la calle a unos 7.000 empleados públicos con contratos “precarios”.
La excusa será la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. Vaya paradoja: el mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo delgado de los trabajadores.
Es apenas un capítulo del ajuste. La amenaza de la espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de quienes no estén nombrados en planta permanente. Es el comienzo del “ahorro” que, por vía de la exclusión, pretende el Gobierno: unos $20.000 millones por año y, tras la cifra fría, las realidades de más de 30.000 personas que serán despedidas en el mismo lapso. Es el síntoma de una crisis crónica que avanza como una bola de nieve, desde la Nación hasta las provincias (empezando por Buenos Aires, donde la Gobernadora es alumna ejemplar de lo que dicta el Presidente y se olvida de la caridad cristiana que proclama) y municipios: bajo la forma de una “invitación”, en el artículo 13 del decreto el Ejecutivo encomienda al resto de los poderes y jurisdicciones “a adoptar medidas similares”.
Para decirlo claro: en esta Argentina que camina hacia la tercera estanflación de la era Macri (Ver aparte), donde el Estado no da oportunidades, sino que las cercena; en momentos en que las Pymes viven entre la agonía y la muerte, resoluciones como las de ayer condenan a miles de ciudadanos de a pie a caminar entre la miseria y la incertidumbre.
Lo peor es esa incertidumbre. Para los echados, por quedar a la intemperie con el temor de no poder volver. Para los que todavía conservan el trabajo, con el miedo latente a convertirse mañana en esos que el 1º de enero de 2019 quedarán fuera del sistema.
Muchos de los despedidos entraron al Estado en tiempos del kirchnerismo a través de convenios precarios que el macrismo criticó desde el inicio de su mandato. Pero en los más de dos años y medio de su gestión, el Gobierno continuó utilizándolos para maquillar con empleo público el desempleo subyacente.
Apurado por el Fondo, los despidos se harán efectivos, por más que el Ejecutivo asegure que los contratará bajo otra modalidad. Pues el artículo 1º del decreto congela las contrataciones y designaciones de personal “de cualquier naturaleza”.
Con tristeza asistimos otra vez a la farsa de un Gobierno que llegó al poder con el aura de la transparencia y en cuanto pudo convirtió al Estado en botín de empresarios, amigos y familiares. A la mentira de un Presidente que prometió pobreza 0, inflación de un dígito, mientras la devaluación hunde a los pobres en su fango y empuja a sectores medios a la pobreza. La farsa de funcionarios que nos dicen que lo peor pasó, mientras ponen al mercado como garante del país y usan a los trabajadores como “chivos expiatorios” de la crisis.
Un último dato es más perverso: luego de haber anunciado el tendal de despidos, funcionarios y aliados se reunieron de urgencia en la Casa Rosada. No para discutir el futuro del país, la dignidad del soberano, el diseño de un plan estratégico. Sino para resolver cuestiones intestinas de politiquería mediática. Para hurgar en algún milagro que les permita ganar la elección de 2019. Un deseo tan mezquino como iluso.
(Fuente: Diario Hoy)