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En vísperas del debate por la reforma laboral, que propone, entre otros puntos, el pago de indemnizaciones en cuotas, una pequeña pyme textil del municipio de Junín, Naranja Mandarina, se encuentra en una situación desoladora al afrontar una demanda por más de $300 millones en un insólito juicio laboral, que la deja al borde de la quiebra.
Según explicaron los socios mayoritarios de la empresa, Mariana Cademartori y Sebastián Martino, enfrentan un insólito juicio laboral por parte de una persona que solo compraba y vendía la ropa para niños y preadolescentes que confeccionaba este grupo de socios bajo el nombre de NM Ropa en Colores SRL.
“Hasta el año 2021 había una persona que compraba y vendía nuestra marca en una zona determinada en una relación comercial que se terminó, no solo por numerosas desavenencias en los criterios de comercialización, sino por acciones de mala fe por parte de esta persona hacia la empresa”, manifestaron los socios en diálogo con la prensa.
Sin embargo, a pesar de que la relación era estrictamente comercial y no laboral, esta persona presentó una demanda en la Justicia al sostener que fue “despedido” de la marca, por lo que instó a los socios a que se le abonen presuntos sueldos, vacaciones, aportes y cargas sociales adeudadas.
En ese contexto, Martino recalcó que “esta persona no era empleado, sino distribuidor, en el proceso judicial se dejaron pruebas documentales que mostraban que él solo compraba la mercadería para venderla”. A pesar de ello, en 2025, el Tribunal de Trabajo de Junín condenó a la firma a pagar una estrafalaria suma de $14.041.707.
“Para nosotros no solo fue un mazazo el hecho de haber recibido una sentencia condenatoria por alguien que claramente no era un empleado, sino que lo que fue absolutamente doloroso y desesperante es el monto absurdo y totalmente desproporcionado por el que se nos condenó”, señaló Martino.
No obstante, el derrotero para esta pyme no terminó allí. Al momento de actualizar los montos de la sentencia, los jueces del Tribunal de Junín, invocando el “caso Barrios”, un fallo de la una Corte de Justicia bonaerense que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar o actualizar deudas monetarias, estableciendo nuevos criterios para la actualización de deudas en casos de inflación, elevó la demanda a la pyme a $190.132.818.
Así, una demanda que originalmente era de poco más de $14 millones término siendo de más de $190 millones, es decir, un valor que asciende a un departamento para una pyme textil que emplea a tres trabajadores, y un puñado de colaboradores. “Esto nos trae innumerables consecuencias para seguir, no podemos planificar, ni comprar insumos para la nueva temporada, no llegamos a cubrir nuestras obligaciones tributarias”, detalló uno de los socios.
El panorama empeora. Los socios apelaron a la Corte Suprema bonaerense solicitando que acepten tratar el caso sin depositar el dinero en una cuenta judicial. No obstante, mientras corría el plazo que el propio Tribunal les otorgó para presentar la pericia contable que acredita la imposibilidad de dejar el dinero, la Justicia dictó una medida cautelar embargando las dos cuentas de la firma por la suma de $330.455.809,28.
“Esto nos destruye, dejamos de dar trabajo a muchos colaboradores externos, y nos cuesta sostener a nuestros colaboradores de siempre, lo que nos pone en un riesgo cierto y concreto de quebrar, la situación es realmente desesperante, es la Justicia la que no nos deja trabajar y operar con una mediana normalidad, en tiempos que ya de por sí no son fáciles para la industria textil”, concluyó Marino.
Frente a este panorama, Marino remarcó que su situación se convirtió en un ejemplo de los desafíos que enfrentan pequeños emprendimientos al intervenir en disputas donde se discuten las relaciones laborales. El proceso avanza mientras se aguarda una definición de la Suprema Corte bonaerense respecto del pedido de revisión y del alcance del fallo aplicado para actualizar el crédito laboral.
