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-La Justicia Federal dictó el procesamiento del empresario de Frigorífico La Canaria S.A. por vertido ilegal de efluentes contaminantes en el Río Salado. Se dispuso un embargo de 10 millones de pesos y se rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa-
La Justicia Federal de Azul avanzó con el procesamiento del titular de Frigorífico La Canaria S.A., ubicado en Roque Pérez, acusado de causar un grave daño ambiental al verter efluentes industriales en el Río Salado. La medida se enmarca en la violación de la Ley N°24.051 de residuos peligrosos.
El caso había ganado notoriedad a comienzos de 2023, cuando una fotografía aérea mostró de manera impactante la descarga de contaminantes en el río, viralizándose en redes sociales y generando preocupación en la comunidad local. En el foco de la polémica quedaron dos empresas: un frigorífico y una planta procesadora de aves cercanas entre sí.
Según registros de INFOPBA, la investigación comenzó tras denuncias de la gestión del entonces intendente José Luis Horna, que advirtió sobre resultados con «valores contaminantes» y solicitó el cese inmediato de los vuelcos, ignorados por las empresas.
El juez federal Gabriel Di Giulio, tras evaluar informes técnicos y periciales, constató la presencia reiterada y sistemática de DBO, DQO, fósforo total, sólidos sedimentables y coliformes fecales por encima de los límites permitidos, lo que configura la existencia de residuos peligrosos capaces de afectar el ambiente y la salud pública.
El procesamiento se realizó sin prisión preventiva, pero incluye un embargo de 10 millones de pesos para garantizar responsabilidades económicas y futuras medidas de recomposición ambiental. La defensa del empresario había solicitado el sobreseimiento, alegando que se trataba de irregularidades administrativas y que se habían implementado mejoras, argumentos que el magistrado rechazó al considerar insuficientes frente a la evidencia recabada.
La causa se inició a partir de denuncias presentadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), encabezada por el fiscal federal Ramiro González. Tras una declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Dolores, la causa fue radicada en Azul en noviembre de 2023, con inspecciones de la Autoridad del Agua, el Ministerio de Ambiente provincial y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que confirmaron infracciones reiteradas entre 2023 y 2025.
El procesamiento marca un avance significativo en la lucha contra los delitos ambientales y pone de relieve la importancia de controlar la actividad industrial en zonas sensibles. La comunidad local y los organismos ambientales esperan que la medida siente un precedente en la protección del Río Salado.
