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En una entrevista con LOBOS 24, el contador lobense Enrique Oyarzun nos trazó un análisis de las últimas medidas económicas implementadas por el Gobierno: “Mi opinión es que no son medidas que apuntan a resolver el problema de la inflación, sino a mitigar los efectos. Los acuerdos de precios nunca han logrado resolver los índices de inflación, sirven en un corto plazo para reducir el costo social hasta que las medidas de fondo muestren los resultados esperados. La inflación tiene un comportamiento inercial, y se viene arrastrando un desequilibrio muy grande que el Gobierno no ha podido resolver, sumado a ello la crisis con el tipo de cambio del año pasado, obviamente eso agrega un componente que acelera el aumento de precios”.
Prosiguió diciendo que: “Eso es la inflación, un proceso generalizado de aumento de precios. Y el índice es un promedio de una determinada variedad de productos y su gravitación en la canasta familiar. La cifra de 4,7 % no significa que todos los productos hayan registrado esa suba, es un promedio de lo que mide el INDEC. Esto trae aparejado una reducción de la actividad industrial, porque hay menos consumo, y eso afecta el PBI. Lo que tenemos que plantearnos es por qué sucede esto, en principio porque los salarios van siempre detrás de la inflación. Todo eso hace que se resienta el consumo, en términos reales, no nominales. Gastás más, pero con la misma plata podés comprar menos. Y al no haber demanda, se retrae la producción”.
Reiteró el profesional, que: “La política del Gobierno consiste en “secar la plaza” de pesos y ofrecer tasas de interés altas para que la gente deposite ese dinero en plazo fijo u otras inversiones y no se vuelque al dólar. Pero tiene su costo en términos sociales, ninguna medida es gratis en economía, y lo que se buscó fue elegir aquella de menor impacto posible. Otra alternativa sería tener una tasa baja, pero eso haría que se vuelva a disparar el dólar. Cuando en este país no sabemos el valor de la divisa, el impacto en la economía es peor, porque la gente no tiene una referencia, no hay formación de precios, y los proveedores no venden”.
Concluyó Oyarzun, explicando que:”La cuestión es solucionar los desequilibrios de fondo. El año pasado el sector agrícola atravesó una sequía, y se produjo una reversión de los flujos de capital internacional, que nos cortó el financiamiento. Cuando se aumentan las retenciones, se puede recaudar más, pero es una forma de penalizar la producción, que muchas veces se emplea para cubrir el déficit fiscal. Si el objetivo es fomentar las exportaciones, implementar retenciones va a contramano de esa meta, sin embargo en 2018 se aumentaron. Subir retenciones, no incentiva a la inversión y castiga al productor, y no es la idea de esta gestión cubrir el déficit de esta manera. Recién ahora se están recuperando los niveles de producción previos al año 2008, cuando ocurrió el conflicto con el campo. Eso generó una concentración de los cultivos en la soja, por ser el que más rinde dejaba con menos inversión. Y muchos tuvieron que arrendar o alquilar su campo, sobre todo los pequeños productores”.
