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-La Comisión Interna del Banco Provincia presentó en el Juzgado Federal de La Plata una denuncia contra la Gobernadora por “malversación de caudales públicos” y “abuso de autoridad». Se habrían desviado $5.500 millones-
La comisión interna del Banco Provincia, que encabeza Santiago Etchemendi, denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal por el presunto delito de “malversación de caudales públicos” por el desvío de 5.500 millones de pesos que correspondían a la caja jubilatoria del banco, que habrían sido utilizados para gastos corrientes.
Según detalla la denuncia efectuada por Etchemendi ante el Juzgado Federal nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, la Provincia recibió en junio de 2016 dos giros de dinero de la Anses para subsanar el déficit de la Caja Previsional del Bapro –un primer anticipo de $3.300 millones y luego $2.532.890.000- que fueron depositados en cuenta bancaria 963/2 de la Casa Matriz de La Plata.
Sin embargo, el dinero líquido de Anses nunca llegó a la Caja de Jubilaciones del Bapro. Los 5.500 millones de pesos “se derivaron de la cuenta 963/2 a la cuenta 2000-001-52410/8” (cuenta oficial del gobierno de la Provincia) y el déficit de la Caja se palió con una “letra del Tesoro de la Provincia por una suma mayor a $ 7.000 millones” a pagar en varios años.
El desvío de Fondos que denunciaron desde la Comisión Interna del Banco salió a la luz en el programa ADN de C5N en abril de este año. Ayer, en conferencia de prensa los bancarios informaron sobre la denuncia penal en la que el abogado de La Bancaria, Juan Manuel Combi, explicó: “Los fondos eran para la caja jubilatoria y entraron a la cuenta correspondiente; desde ahí fueron derivados a otra, sin que se sepa para qué se utilizaron”.
“No queremos decir que los usaron para campaña política, eso no lo sabemos. Pero aunque su destino haya sido una obra pública, no fue el comprometido en el decreto y los convenios que firmó con el gobierno nacional”, señaló el abogado.
Los delitos que podrían caer sobre la Gobernadora son de “malversación de caudales públicos” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
