Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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Distribuidos por todo el país en una cantidad que supera el millar, los cuarteles de Bomberos Voluntarios dependen en el terreno financiero de un esquema de subsidios oficiales destinados exclusivamente a la adquisición de equipamiento. Sin embargo, desde la federación que nuclea al sector se denuncia la progresiva merma y el atraso en esos pagos, que podría desembocar, se afirma, en la “inminente imposibilidad de brindar a la comunidad el servicio de seguridad siniestral”.
Ante este panorama, la mesa ejecutiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina resolvió declararse en estado de alerta, “en defensa de los recursos que sostienen al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.
Los servidores públicos argumentan que desde hace dos años padecen las consecuencias de un paulatino deterioro económico, y que las demoras en el pago del subsidio correspondiente a este año “impide a más de mil cuarteles mantenerse operativos y en funcionamiento para salvar las vidas y los bienes de los argentinos en todo el territorio nacional”.
De acuerdo con lo que establece la ley nacional 25.054, el sistema se solventa con una cuenta de recaudación en la que se deposita el 5 por mil de lo que todas las compañías aseguradoras del país recaudan en concepto de pólizas contra incendios.
Ese dinero es retenido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que trimestralmente lo remite a la cartera de Hacienda; ésta, a su vez, lo transfiere a Seguridad para que a través de la Secretaría de Protección Civil lo distribuya por partes iguales ente todos los cuarteles, en los que revistan unos 42 mil efectivos.
“Una vez que la Superintendencia de Seguros nos informó sobre la recaudación final del año pasado, más las proyecciones calculadas para este año, pudimos confirmar que nos han quitado casi un 60 por ciento de lo que por ley nos corresponde” precisa Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios: “sacaron de nuestra partida más de 637 millones de pesos, lo que se suma al excedente de recaudación de 2017 por más de 147 millones, por el que tampoco obtuvimos respuesta”.
“Menos dinero para el sistema se traduce en menor grado de capacitación, menos equipamiento y más peligro para los bomberos y las víctimas de los siniestros” agregó el dirigente: “ni siquiera se puede plantear que estamos comprendidos en el gasto público, porque los fondos que tenemos asignados no provienen de la renta general por impuestos que percibe el gobierno”.
“Por lo que tenemos entendido, el dinero ingresó en la cuenta a nombre del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que es un fondo de afectación específica” advirtieron desde el Consejo: “no se le puede dar otro destino que aquel para el que fue creado”.
En los cuarteles de nuestra región se admite que los de menos envergadura son los más perjudicados por la mora. “Es un dinero clave para la compra de camiones, trajes -que pueden costar cerca de diez mil pesos-, tubos de respiración y todo tipo de accesorios” explicó un veterano bombero: “en su carácter de subsidio de inversión, está prohibido usarlo para gastos operativos como el gasoil -que pagamos a precio de surtidor- o el sueldo de los telefonistas y sus cargas sociales, que recaen sobre cada unidad”.
LOS MAS CHICOS, EN PROBLEMAS
“Los destacamentos de zonas rurales, más humildes o poco pobladas, que no tienen al alcance tantos recursos para obtener donaciones o convenios, están sufriendo bastante” señalaron las fuentes: “si bien algunos han empezado a cobrar, llegó menos de lo que se esperaba”.
“No todo se puede arreglar con peñas, rifas o vendiendo empanadas” disparó Susana Tello, titular de los bomberos de San Luis, en sintonía con sus pares del resto del territorio nacional: “el costo de todos los insumos sube y el mantenimiento de los cuarteles se va haciendo inalcanzable. El gobierno nacional ha retenido recursos que por ley deberían habernos llegado directamente”.
