Lobos 24 Un nuevo concepto en información
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Recordemos que el Fiscal de Estado Hernán Gómez, nombrado por Scioli, fue denunciado penalmente por el empresario de nuestra ciudad Daniel Paskvan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Paskvan y su familia fueron despojados ilegalmente de sus establecimientos avícolas durante la última dictadura.
No fue una jornada más para las defensas del ex Gobernador Daniel Scioli, su ex ministro de salud Alejandro Collia y el empresario Ricardo Estanislao Miller. En la audiencia previa a definir el embargo millonario y la prohibición de salir del país por el fiscal Alvaro Garganta a la Jueza de Garantías Marcela Garmendia, el abogado de la Fiscalía de Estado, Martín Lazarte, no acompañó el planteo de la acusación oficial por considerar que “en esa instancia” no existe daño patrimonial a la Provincia, según informa el portal Letra P.
La actitud de la fiscalía de Estado tomó por sorpresa a los presentes en la audiencia, menos para los defensores, quienes consideran que esa medida robustece el planteo de inocencia de los ex funcionarios y empresario sospechados por presuntas irregularidades en la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) en varios distritos bonaerenses.
Este planteo de la defensa apunta al corazón político de la Provincia de Buenos Aires, ya que si existió delito, del mismo tendrían que haber participado el Fiscal de Estado, Hernán Gómez (denunciado ante la CIDH por el lobense Daniel Paskvan), el entonces asesor general de Gobierno (Gustavo Ferrari, hoy ministro de la Gobernadora María Eugenia Vidal), y el titular del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grinberg. Esta hipótesis es una de las aristas que se pone en juego en el expediente iniciado por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.
El planteo de las defensas es una granada a punto de estallar. Si en la investigación se demuestra que Scioli, Collia y otros funcionarios del Ministerio de Salud y el empresario Miller, se pusieron de acuerdo para sobrefacturar obras públicas, significa que también fallaron los mecanismos de control y el largo brazo de la Ley debería ir por los actuales funcionarios que hoy gozan de buena salud política y procesal.
Tras la audiencia desarrollada en el Fuero Penal de La Plata, la jueza Garmendia tiene un plazo de hasta cinco días corridos para definir la solicitud de embargo por 189 millones de pesos y la prohibición de salir del país a los procesados.
