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CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO: LA OTRA CARA DE LA TRIPLE FRONTERA

Contrabando: en la Triple Frontera es controlado por grupos de crimen organizado, que usan personas de bajos recursos para transportar la mercadería.
Nuestras fronteras están siendo controladas por el crimen organizado», dijo Edson Vismona, presidente del Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO) —una asociación de empresas que promueven la integridad de los negocios— y lanzó un extenso debate sobre el comercio ilegal en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Aparte del contrabando de armas y drogas, el principal problema comercial lo causa el ingreso de cigarrillos desde Paraguay hacia los países vecinos. Las 35 fábricas tabacaleras instaladas en tierras guaraníes por los menores impuestos —16% frente a entre 70% y 90% en Argentina y Brasil— producen 20 veces más cigarrillos de lo que demanda el mercado interno.

Así entran a Brasil millones de cajillas atravesando ilegalmente el Río Paraná (por el puente en camiones, por el agua en balsas y hasta en mochilas de personas que cruzan a pie) en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, que acaparan el 48% del mercado de cigarrillos del país norteño.

Este fue el tópico principal del seminario «Comercio ilegal. La amenaza del crimen organizado transnacional en el Cono Sur», organizado por el Encuentro Nacional de Editores, Columnistas, Reporteros y Blogueros (Enecob) de Brasil, la semana pasada. El evento contó con 18 expositores de distintos países de Sudamérica que en seis paneles abordaron el tema desde diferentes ópticas.

El director de Enecob, Leandro Mazzini, hizo foco en el rol de la población: «Nos equivocamos al consumir productos (de contrabando) porque así financiamos al crimen organizado».

Varios expositores, coincidieron en marcar que comprando artículos ilegales también se fomenta un sistema que roza el trabajo esclavo, porque quienes pasan la mercadería por la frontera y corren riesgo de ser apresados son personas de bajos recursos, que si tienen éxito cobrarán unos pocos dólares en comparación a la ganancia que deja el negocio para las bandas que lo controlan. Vismona estimó en US$ 43 billones los ingresos que cada año brinda a esos grupos el contrabando.

Por eso, hizo un llamado a «que cada país defienda su mercado legal, porque es su patrimonio, ya que genera empleo y hace que se recauden impuestos». Precisamente el tema de los tributos es clave en este fenómeno: «Tenemos que tener las mismas reglas (impositivas) y no esta asimetría. A Paraguay no le sirve el contrabando porque la ganancia se la queda el crimen organizado», subrayó el presidente de ETCO.

Añadió que la evasión impositiva derivada del contrabando provoca «una pérdida de competitividad enorme» en los sectores que respetan las normas, y así se hace fuerte el mercado ilegal, que puede bajar el precio del producto para acaparar más ventas e igual mantener «una ganancia enorme, que por la vía legal sería imposible».

Esto se relaciona con el objetivo de estos grupos delictivos, que es «ocupar el rol del Estado». Vismona puso como ejemplo algunas zonas de Río de Janeiro, donde para tener un puesto callejero o brindar el servicio de televisión por cable se debía pactar con las bandas que controlaban el lugar. «El crimen organizado no tiene límites legales ni presupuestales, por eso está constantemente ampliando su acción», advirtió.

En respuesta a esta situación, Vismona planteó que se debe reforzar el dinero que se destina a los cuerpos policiales y militares de frontera, y apostar a una mayor integración entre las naciones. «La integración comienza por las fronteras, que no deberían ser un lugar de separación entre los países sino de cooperación», sentenció.

El jefe adjunto en Foz de Iguazú de la Secretaría de Ingresos Públicos de Brasil, Rafael Rodrígues Dolzan, opinó que «la disparidad tributaria y de desarrollo» entre el país norteño y Paraguay «dan la oportunidad para que el crimen organizado crezca». Sostuvo que en el pasado el contrabando era una acción «que hacía una persona sola» por necesidad, pero ahora «son grupos organizados».

También marcó que buena parte del armamento que hay en Río de Janeiro —ciudad intervenida militarmente desde fines de febrero por los problemas de seguridad— llega a Brasil por la frontera con Paraguay. Lo mismo ocurre con las drogas y con miles de medicamentos falsificados, que «no tienen ningún principio activo» pero igual son consumidos por la gente.

«Los grupos de crimen organizado trabajan cada vez con más tecnología y se nos hace más difícil combatirlos», reconoció Rodrígues Dolzan.

 

«Hay regiones en nuestro continente donde el Estado no es la fuerza principal», indicó. También se refirió a otras zonas donde «los gobiernos utilizan al crimen organizado», apuntando a varios líderes de izquierda de la región —Evo Morales (Bolivia), el chavismo venezolano, Daniel Ortega (Honduras) o el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa—.

Otro aspecto en que puntualizan los expertos,  es la mixtura que se da «entre movimientos ideológicos y criminales», como las FARC u otras guerrillas de la región. «Hay gente en lugares de gobierno que trabaja para organizaciones criminales», afirmó.

El vicepresidente de la Asociación Civil Antipiratería de Argentina, Sergio Piris, fue otro de los expositores y analizó que «cuando un ciudadano común ve una persona en la calle vendiendo, no observa todo lo que hay detrás». Remarcó que el comercio ilegal «afecta a la sociedad, porque hace que crezca la desigualdad, el desempleo, la violencia y la inseguridad».

Informó los resultados de un relevamiento hecho en Argentina sobre este fenómeno: son 88.791 los vendedores ilegales encontrados en 500 localidades estudiadas. Según la Asociación Antipiratería, el vecino país «pierde 15.000 millones de pesos argentinos (US$ 743 millones) por el IVA» que evade esta mercadería.

«Si Paraguay sigue con impuestos tan bajos no se podrá bajar el contrabando porque la diferencia de competitividad es mucha. Hay que equiparar la carga tributaria», subrayó Piris. Según la OCDE, la presión impositiva en Paraguay alcanza el 17,5% de su PIB, mientras en Brasil y Argentina está arriba del 30%.

El diplomático Regis Arslanian, que fue representante de Brasil ante la ONU y el Mercosur, señaló que la cooperación regional a más de 25 años de haberse inaugurado «está en momentos de integrarse por el bien, porque si no lo haremos por el mal». Apunto que su país «es el mayor responsable» de dar el paso para intensificar los controles en las fronteras, ya que tiene límites con 10 países.

Río Paraná: un minuto separa una orilla de la otra

El Núcleo Especial de la Policía Marítima del Río Paraná es la dependencia de la Policía Federal brasileña que controla los 170 kilómetros de frontera húmeda. Tiene un destacamento con 20 efectivos próximo al Puente Internacional de la Amistad —que conecta Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay)— que incauta en promedio unas 20.000 cajillas de cigarrillos por año, aparte de armas, drogas y productos electrónicos. Los contrabandistas tienen variados métodos, pero uno usual es impulsar una balsa o bote desde una orilla del Río Paraná a la otra con la mercadería, un viaje que demora menos de un minuto al ser tan solo 300 metros la distancia. Según comentaron los policías, tienen identificados «seis puertos clandestinos» en propiedades privadas del lado paraguayo, que suelen traficar productos en la noche, esta dependencia policial en los últimos años amplió su tecnología y armamento —en otras épocas había más de 80 puertos ilegales—. El principal problema para los efectivos es que la única forma de detener a alguien es encontrarlo con la mercadería de contrabando al momento que cruza o ya en territorio brasileño. Durante la visita al destacamento se podía observar por las cámaras a una persona que con binoculares vigilaba desde Paraguay los movimientos de la policía brasileña, pero técnicamente no estaba haciendo nada ilegal y encima se encontraba en otro país. «Nos pasa que detenemos un día al padre, después al hijo y hasta al abuelo», dijo un efectivo para dimensionar cómo las bandas de crimen organizado se aprovechan de las familias pobres que habitan en Ciudad del Este. Otra forma de contrabando son las llamadas «hormigas», que pasan mercadería en mochilas por el puente haciendo varios viajes por día.

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