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Los sindicatos bonaerenses no aceptarán la pauta salarial y esperan la convocatoria de Vidal para activar la negociación; reclaman la aplicación de una cláusula gatillo que iguale la inflación.
En un clima de tensión creciente, el gobierno bonaerense convocará esta semana a los seis gremios docentes para discutir la suba salarial para este año.
Antes de sentarse a la mesa de negociación, los sindicatos del Frente de Unidad Docente ya advirtieron su rechazo “a la imposición de salarios a la baja con una pauta inflacionaria del 15%” y exigieron “un aumento salarial justo con aplicación de cláusula gatillo”.
Esa es, justamente, la oferta inicial que haría el gobierno de María Eugenia Vidal , acorde con las pautas de la administración nacional de Mauricio Macri .
La propuesta fue considerada inaceptable para los docentes, que en 2017, después de 13 días de paro, cerraron una suba de casi 24%, incluida la cláusula gatillo.
Los sindicatos exigen que el gobierno bonaerense vuelva a garantizar ese instrumento para actualizar los salarios según la inflación, más allá de la pauta que se acuerde en la paritaria.
Pero en primer lugar exigen a Vidal que convoque a la mesa de negociación. En caso contrario, de no llegar a un acuerdo antes del 5 de marzo, responsabilizarán a la gobernadora por posibles dilaciones en el comienzo del ciclo lectivo.
El clima es de tensión no solo por la negociación salarial, que se vislumbra inconducente en términos económicos.
Hay además enorme malestar en los sindicatos docentes por una circular que la Dirección General de Cultura y Educación hizo llegar a los maestros para facilitar las desafiliaciones a los sindicatos.
En concreto, el gobierno de Vidal envió una nota digital a cada maestro donde propone la desvinculación de los gremios “ante la situación de público conocimiento sobre afiliaciones compulsivas a entidades gremiales o mutuales de agentes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires”.
Dicha nota, que aparece en la página oficial ABC cada vez que un maestro ingresa con su clave y usuario personalizado, propone hacer un clic para “iniciar el proceso de desvinculación”.
La misma, que sólo es visible para los maestros inscriptos, está acompañada por una aplicación para consultar online si se está o no afiliado a algún sindicato.
Tras este primer paso vía web, para continuar con el proceso de desafiliación, el docente debe presentarse personalmente con el formulario, el DNI, la chequera y la credencial en la sede del gremio para concretarla.
Campaña de desafiliación
La campaña, que se inició el 12 de enero último luego de conocerse la existencia de miles de afiliaciones compulsivas o involuntarias al Soeme, cuyo jefe, Marcelo Balcedo, fue detenido en Uruguay, es considerada una persecución sindical por los gremios del Frente de Unidad Docente. Y es interpretada como un intento de quitar fuerza a los sindicatos a la hora de sentarse a negociar.
El colectivo docente denunció la práctica “desleal del gobierno provincial para con los gremios docentes, intentando deslegitimarlos para condicionar la paritaria”.
La conducción de los seis gremios que integran el frente (Suteba, FEB, UTA, UDA, Sadop y Amet) exige que el ministro de Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, los reciba para discutir esta decisión. “Ante la falta de convocatoria a la paritaria y ante la intromisión y conducta antisindical en la que incurre el gobierno provincial, el Frente de Unidad Gremial exige urgente convocatoria”, dijeron los sindicatos.
Según informa La Nación, 112 trabajadores de la Unidad Ejecutora de Educación fueron desvinculados de sus puestos el 29 de diciembre último, cuando se les notificó vía mail que por resolución 2017-2378 de la Dirección General de Cultura y Educación “se prescindirá de sus servicios”.
El gobierno de Vidal asegura que se trata de algunos de los 220 cargos políticos que se pretende eliminar por duplicación de tareas en otras áreas de la administración.
“Gatillo difícil”
La paritaria docente bonaerense se ha transformado en los últimos años en un termómetro de las negociaciones salariales. En 2017 derivó en un conflicto de meses, muy costoso para todos los protagonistas. Esta vez el escenario está preparado para repetirse. El corazón de la discusión ahora gira en torno de la cláusula gatillo, que le garantiza al trabajador un piso de suba salarial equivalente a la inflación. El macrismo quiere desactivar ese mecanismo que le fue muy útil el año pasado porque se ilusiona con la posibilidad de cerrar acuerdos del 15%, con la premisa de que el recálculo de la expectativa inflacionaria es suficiente. El rechazo de los docentes anticipa otro año complejo.
