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En los últimos meses de 2017, el titular de la AFIP, Alberto Abad, acumuló roces con distintos integrantes del Gabinete en sintonía con los rumores de su alejamiento del cargo. Por ahora resiste en su puesto aunque algunas versiones surgidas de la “familia impositiva” estiman que podría alejarse en febrero próximo del organismo recaudador. Sin embargo, para evitar pagar el “costo político” y que no repercuta en el dólar, podrían dilatar su salida unos meses más. Se sabe que Abad le presentó la renuncia, al menos dos veces, a Macri, pero éste no la aceptó.
Aunque en Casa Rosada desmienten la salida del funcionario, no rechazan que la difusión de los beneficiarios del blanqueo, entre los que estaban el hermano presidencial Gianfranco Macri, provocó un cimbronazo y dejó al recaudador severamente cuestionado.
La investigación publicada por Horacio Verbitsky en Página/12 a fines de agosto expuso la falta de cumplimiento del secreto fiscal por parte del Estado. Y, además, ventiló que el hermano Gianfranco blanqueó $622 millones, el empresario Nicolás Caputo, “hermano de la vida” de Mauricio Macri, $465 millones, entre otros allegados al Gobierno.
“Los hubiese echado a todos”, fue la contundente frase de una fuente gubernamental que camina los pasillos del palacio de Gobierno, ante aquel episodio. Empero, por ahora funcionarios consultados rechazan la inmediata salida de Abad. Es cierto que Macri no suele expulsar del gabinete a ministros por un arranque de furia. El año pasado Alfonso Prat Gay, quien venía de meses con fricciones con los popes de Jefatura de Gabinete, dejó el Gobierno a fines de diciembre.
“No se va. En seis meses no sé pero ahora no se va”, fue la lacónica respuesta de un estrecho colaborador de Mauricio Macri sobre el destino de quien también fuera recaudador de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Abad también es cuestionado por su edad (tiene 73 años), y el hecho de que quiera incorporar al organismo gente de su misma generación.
Asimismo, Abad registró encontronazos con otros funcionarios. Con Nicolás Dujovne tuvo una puja por una resolución que gravaba en forma retroactiva la compra de acciones y bonos por parte de extranjeros; el propio titular de Hacienda salió en una conferencia de prensa a anunciar la suspensión de la reforma.
Con Mario Quintana pulseó por el salvataje a la empresa Oca: el vicejefe de Gabinete deseaba que el organismo ofrezca una moratoria excepcional, prevista en el artículo 32 de la ley 11.683, para salvaguardar 7 mil puestos de trabajo y limar asperezas con el camionero Hugo Moyano a quien se vincula con la dirección de la compañía postal.
La Afip fue una de las principales denunciantes de Cristóbal López por la deuda de $8 mil millones por el impuesto a las transferencias de combustibles. Empero, esa pesquisa ahora bloquearía la venta de lo que se conoce como grupo Indalo del empresario kirchnerista a un grupo financiero cuya cabeza visible es Ignacio Rosner, un financista con vínculos con el poder.
También Abad mantuvo un entredicho con la Oficina Anticorrupción (OA), liderada por Laura Alonso, por el impulso a una denuncia judicial contra Leonardo Fariña por evasión por la compra de un campo en Mendoza. En el organismo liderado por Laura Alonso sostienen que en caso que el valijero recibiera condena por esa causa, se caería la investigación contra Lázaro Báez por el expediente conocido como “ruta del dinero K”. En esa causa, sostienen en la OA, está acreditado por el juez Sebastián Casanello que el dinero para la compra de ese terreno es de Lázaro Báez.
“Pidieron 4 años de cárcel para Fariña en la causa por evasión. Integra el programa de protección de testigos para seguir aportando datos en esta megacausa de corrupción y si vuelve a la cárcel lo van a matar como ya intentaron hacerlo. Además, la propia Afip en otro caso denuncia a Báez por lavado de activos”, se quejan en la OA.
El otro frente que mantiene el tributarista dentro del gobierno es por la disputada deuda impositiva de MercadoLibre, a quien reclama $500 millones, cargo que la empresa rechaza: se considera exenta en el marco de la ley de Promoción del Software. El debate interpretativo entre Abad y Galperín se basa en la vigencia de un artículo que excluye al “autodesarrollo” como pasible de exención fiscal. La empresa»punto com»invierte en software para su propio uso, pero algunos desarrollos son de programación libre y ahí se disputa el limbo millonario. La postura de la empresa, para colmo, coincide con la interpretación del ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Lo cierto es que en el entorno de Abad afirman estar “tranquilos” y que son víctimas de “operaciones” por parte de quienes desean obtener ventajas. “Si te pones a pisar callos saltan las quejas. Cumplimos con la ley, que Cristóbal López se avenga a pagar lo que debe y en el caso de Oca lo mismo”, explicaron.
Sobre los cruces otros integrantes del gabinete, cerca del funcionario afirman que “Alberto es pacífico, no se pelea con nadie. Y tampoco está atado a un sillón, si está ahí es porque se siente cómodo”. Acerca de la difusión de la base de datos del blanqueo, reconocieron que “él se hizo responsable ante el presidente. Pero desde que ocurrió Wikileaks todo es posible”.
Por su parte, Julio Estévez, de la Unión del Personal Superior de la Afip, remarca que “veo que fue ratificado por el Presidente pero tuvo duras diferencias con la mitad del gabinete por lo que su continuidad dependerá si tiene reemplazo en el mediano plazo”.
En la Casa Rosada aseguran que no hay nombres para un eventual sucesor. Sin embargo, en algunas oficinas circundantes al palacio gubernamental suenan los nombres de Andrés Ballota, titular de la Afip porteña, y de Juan Curutchet, presidente del BAPRO, como posibles reemplazantes.
