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En diálogo con LOBOS 24, el Dr. Facundo Fernández, se refirió a una nota que este mismo medio había publicado con el delegado del Ministerio de Trabajo, Carlos Faré.
Sostuvo Fernández que: “Con respecto a la jornada laboral, hay muchos países del mundo que están estableciendo jornadas de 6 horas. Por varios motivos: en primer lugar por una cuestión puramente económica. Sabemos que las empresas no vienen a regalarle nada a nadie, ejercen su derecho como empleador. Pero se ha visto que un 3 % del PBI mundial productivo se pierde por enfermedades causadas por el estrés laboral. Es por ello que cuantas menos horas se trabaja, los empleados faltan menos a cumplir con su tarea. Esto hace que las empresas, a pesar de tener trabajadores con menos horas por día, rindan mejor y ello traiga consigo una mayor productividad, lo cual genera más eficiencia. Pero además, las 6 horas están reglamentadas en muchos países europeos, han empezado a tener algún esbozo de realidad, en Holanda se trabajan 25 horas semanales, en otros países 35. Y los argumentos de aquellos que están en contra, es similar a quienes se oponían cuando Alfredo Palacios planteó las 8 horas de trabajo. Hoy nadie niega que eso es un derecho adquirido por parte de los trabajadores, y lo que se trata de hacer es dar un paso más y reducir la jornada a 6 horas”.
Añadió que: “Esto no implica que las empresas trabajen menos, una fábrica puede funcionar durante las horas que cada empleador desee, lo que deberán hace es contratar un trabajador más lo cual hace que dicha empresa pueda vender a mayor cantidad de gente sus productos. De esta manera entraríamos en el círculo virtuoso de la riqueza, si tenemos en cuenta que más del 80 % de los establecimientos que fabrican productos manufacturados se vuelcan al consumo interno. Inclusive hay políticas públicas de empleo en Europa que establecieron un acuerdo en los trabajadores a partir de los sindicatos, en Alemania la empresa Volkswagen decidió que los trabajadores concurran a la fábrica 4 días, y a las jornada siguiente, el quinto día, hagan un curso o capacitación, de esta manera, dio el puntapié inicial con sus propios empleados. Nosotros vemos que desde el punto de vista humanista, cada vez debemos preocuparnos por una mejor calidad de vida, y el costo laboral nunca tiene que cortarse por lo más fino que es el trabajador”.
Enfatizó Fernández que: “El costo laboral tiene que reducirse de otra forma, y para ello se requiere una reforma tributaria del Estado Nacional, que es un gran “elefante blanco” que consume recursos de personas que siempre son los mismos que aportan: trabajadores en relación de dependencia, empresarios de PYMES, y los autónomos. Tenemos un Estado gigante, un “Estado bobo”, que dilapida fondos en cuestiones que no resultan importantes. Cualquier país serio tiene la carga tributaria volcada a estos tres ítems: el consumo, la riqueza, o el trabajo. Nosotros en Argentina tenemos un impuesto al consumo (IVA) del 21 %, Impuestos de Ganancias, Bienes Personales e Ingresos Brutos, y los aportes patronales. Por lo tanto la economía no puede crecer por estos múltiples impuestos”.
Y remarcó que: “Por otra parte, la responsabilidad principal del Estado es terminar con el trabajo en negro o la economía informal. Ese empleo en negro impacta en el sistema de jubilaciones y pensiones porque esas personas no tienen aportes previsionales. El Estado puede imponer multas o sanciones para contrarrestar esto, pero además tiene que fomentar el trabajo en blanco. Muchos no toman empleados no por miedo al despido, sino a accidentes en el ámbito laboral. La Ley 24.557, que fue declarada inconstitucional durante 20 años, desde 1997, fue reformada jurisprudencialmente. Los jueces dijeron que la Ley era inconstitucional, y habíamos llegado a un estado de cosas donde un trabajador lesionado podía demandar sólo a la ART sin demandar a su empresa, esto hacía que la empresa no tuviera que pagar nada, y que la ART se hiciera responsable. Todo eso se rompió, este sistema en el cual los empleadores no tenían juicios y porque los trabajadores podían litigar contra la ART, eso cambió con la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Esta normativa es casi igual a la de 1997, se flexibilizaron los riesgos del trabajo, y el principio fundante de la disciplina del Derecho Laboral, es el de “indemnidad”: el trabajador tiene que salir de la empresa en las condiciones físicas y psíquicas que ingresó. Esta reforma de la Ley del ’97 parece haber sido escrita por los grandes lobbys empresarios. Esto a las PYMES les trae numerosos problemas, porque vamos a volver a tener los juicios contra las mismas empresas. La nueva Ley creó una incertidumbre jurídica y una vuelta al pasado».
«Evidentemente, por los dichos del Gobierno, pretenden hacer una reforma laboral flexibilizando las posturas. Siempre pagan los trabajadores, nunca el Estado. Es contradictorio que todos los empleados públicos trabajen 6 horas por día, y en la mayoría de los casos, ganan más de $ 25.000. Hay que derogar los planes sociales y establecer programas de empleo genuino, en el cual, a modo de incentivo, el primer año que el trabajador ingresa a una fábrica, el Estado se haga cargo del 70 % de la carga social y del 70 % del sueldo. Al segundo año la empresa puede despedir al trabajador si así lo considera. Si decide mantener a esa persona, tiene una persona ya formada y empieza a pagar la totalidad del sueldo y cargas sociales. En caso contrario, expulsa al mercado laboral a una persona idónea, dado que tuvo 24 meses de formación y conoce el empleo”.
“La reforma de la Ley Federal de Educación destruyó durante muchos años a las escuelas industriales, que tenían un perfil bien definido y preparaban a los jóvenes para un empleo en una industria metalúrgica, por ejemplo. Sería bueno que alguien explique por qué se hizo”, cerró.
